22 de abril de 2021 > Ejes de trabajo > Seguridad y Justicia
En estas últimas horas se ha discutido en distintos ámbitos judiciales, medios de comunicación y entornos políticos sobre la presencilidad en las escuelas porteñas tras el dictado del DNU 241/21 emitido por el Presidente Alberto Fernández este jueves 15 del corriente mes, debido al aumento de casos COVID19. Cabe destacar que el cincuenta por ciento de los casos pertenecen al ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA). Esta situación generó una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad. Ese fue el motivo por el cual se decidió tomar medidas preventivas por el término de 15 días, las que tienen como prioridad cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas. En el presente DNU, en su art 10, hace referencia a las Clases Presenciales donde en su párrafo quinto, dispone la suspensión de las mismas en todo el AMBA desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive, con la finalidad de disminuir la circulación de la ciudadanía y así disminuir los contagios.
Inmediatamente publicado el decreto, dirigentes de la oposición junto a organizaciones de padres, se hacen eco de las pantallas televisivas de los canales informativos y de otro género, inclusive, donde se han escuchado cosas como “la importancia de la salud emocional de los niños; que los niños lloran y se angustian al enterarse de la suspensión a clases; que la escuela no es fuente de contagio; que se cumplan y funcionen con todos los protocolos; que la misma es fundamental para la salud integral de les niñes dado la vinculación con sus pares y maestros” . Todas cuestiones que no son de partida falsas, pero que dejan al margen la situación sanitaria que atraviesa el país, donde se observa la falta de camas en los hospitales públicos en CABA, maestros y alumnos que pierden su vida por COVID y un sistema sanitario al borde del colapso. Este “bombardeo” informativo es coronado con la judicialización de la medida a través de un amparo solicitando la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.
Es así que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló este domingo, entre gallos y medianoche, a favor de la presencialidad de las clases en el distrito. Esa Cámara se pronunció sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el DNU del Gobierno Nacional , que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el AMBA para contener la segunda ola de coronavirus. Lo curioso es que, a todas luces, el órgano en cuestión no es competente para entender en cuestiones federales. Al respecto, fue contundente el actual Ministro de justicia al decir que “una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico solo tiene una explicación y es política”.
Consecuentemente, el gobierno de la ciudad informa por su propia cadena nacional la obligatoriedad de la asistencia presencial a clases, cuestión que causó el rechazo de varios sectores de docentes de la Ciudad, quienes realizaron un paro de 24 horas.
Paralelamente, el pasado viernes el gobierno Porteño presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que se declare la inconstitucionalidad del DNU 241 del Poder Ejecutivo Nacional. El DNU había sido firmado el jueves por el presidente Alberto Fernández y el pleno de sus ministros. Si bien tiene fuerza de ley federal, el gobierno porteño se negó a acatarlo y fue a la Corte, que se declaró competente y decidirá en los próximos días si las escuelas de la ciudad de Buenos Aires deben permanecer abiertas hasta el 30 de abril o cerrarse por quince días como lo decreta el estado nacional.
No es cosa menor que los Jueces que resolvieron este domingo sobre una cuestión Federal tengan alineaciones políticas con el Gobierno Porteño. Es así que en Primera Instancia la Fiscal que hace lugar a la medida, la Dra. Nilda Carina Cícero, le solicitaba mediante Twitter al Sr. Horacio Rodríguez Larreta que no corten las clases presenciales por el bien de les niñez. Como así también, otros dos Jueces que pertenecen a la Cámara Contencioso Administrativo que han dictado la aberrante resolución, tienen grandes vinculaciones con el PRO. Ellos son el Dr. Marcelo López Alfonsín, que se encuentra en varias fotografías con la ex diputada y ex titular de la oficina de Anticorrupción, Laura Alonso y la jueza Dra. Macchiavelli, hermana de Eduardo Macchiavelli, Secretario Gral. del Pro y ex Ministro de ambiente del Gobierno de Mauricio Macri.
¿Serán meramente coincidencias?
No, lo cierto es que el Gobierno porteño utilizo esta intromisión del Fuero Contencioso Administrativo con el que tiene grades alineaciones políticas, para un asunto Federal, donde la competencia originaria es y corresponde a la Corte Suprema.
Dado a que el DNU dictado por el Poder Ejecutivo se trata de una medida de Policía Sanitaria que afecta a más de una provincia y se trata es una cuestión federal, es la Corte quien puede declarar la nulidad e inconstitucionalidad. Hay que comprender que los jueces no son jueces de escuelas médicas, los jueces no pueden decidir sobre cuestiones de infectólogos, esto es algo que se debe decidir sin abstraerse de las excepcionales circunstancias que estamos atravesando, el estado del sistema de salud y las voces de expertos en la materia.
Una cuestión no menor, y que hace sospechar aún más sobre la independencia del órgano que dicta la medida de volver a la presencialidad, es la inédita celeridad con la que se expidió. Una Cámara contencioso Administrativo Local que impone una Medida Cautelar , la que fue respondida en 1(una) hora 48(cuarenta y ocho) minutos y 6 (seis) segundos (gimnasia no empleada en absoluto en cualquier otro expediente que como abogados hayamos tramitado) una insólita respuesta sin precedentes dentro del derecho procesal administrativo argentino. Sin perjuicio de todas las pruebas, recortes periodísticos y testimonios de profesionales, en esta semana la revista de reconocida trayectoria “TheLancet” fue categórica al definir que “La reapertura de la escuela sin una mitigación robusta del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia”
Es entonces que nos preguntamos: ¿Cómo puede convivir pacíficamente la falta de evidencia concluyente, las controversias científicas con lo predicho por la accionada de que las clases garantizan “El interés superior”?. ¿El interés superior de quién? De los niños, niñas y adolescentes, en este tramo de la historia, muy seguro que no. El Poder ejecutivo nacional sostuvo que los incrementos de contagios en personas de 9 a 19 años se exacerbaron notablemente desde el inicio de las clases presenciales.
Como era de esperar, ante este bochorno de la Justicia Porteña el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 declaró este martes la incompetencia de la justicia porteña y le mandó el expediente a la Corte Suprema, por lo que quedó sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos y se suspendieron las clases presenciales en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo del juez Esteban Furnari respondió así al pedido de inhibición realizado por el Poder Ejecutivo Nacional vía la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, que se había presentado en las primeras horas del lunes para que se mantenga la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 241/21.
Esto ocurrió tras la controversia jurídica que generó un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene competencia federal. A pesar de esta resolución, el Gobierno de Rodríguez Larreta no acata, expresándose que las clases continúan hasta tanto la Corte resuelva.
Es así que nos encontramos con un Gobierno Porteño que desconoce las competencias de la Justicia, que se agarra de una resolución nula, dada que es dictada por un Juzgado incompetente, para su oportunismo político, con la utilización del lema que la presecialidad de las clases sean obligatorias por el “bien de les niñez”. El Gobierno Porteño habla de obligatoriedad por la importancia en la educación, cuando los pibes de CABA no cuentan con vacantes, quienes tienen vacante en caso de ausencia quieren sustraérselas, pero hablan de obligatoriedad y de la importancia de la Educación.
Como sabemos, la única trazabilidad hacia la salida de este escenario es el proceso de vacunación. Algunos dirán que es lento, otros que se hace lo que se puede, pero evidente y palmariamente se siguen vacunando personas. ¡Aquí nadie se salva solo! En algún momento la presencialidad volverá entonces a ser como la conocíamos, o al menos más segura y con evidencia concluyente, pero aun no es el momento. Debemos cuidarnos entre todos y entender que la salida es siempre colectiva.
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