Este martes, en la Cámara de Diputados se logró la aprobación inicial de la Ley de Bases propuesta por el Gobierno de Milei. Esta legislación incluye varios cambios en las leyes laborales que representarán significativas pérdidas de derechos para los trabajadores, así como fuertes aumentos en sus obligaciones fiscales.
Modernización como sinónimo de flexibilización:
El Gobierno logró la aprobación inicial en la Cámara de Diputados de una versión reducida de la reforma laboral propuesta vía DNU 70/2023, rechazada previamente por el Poder Judicial.
Estos cambios implican la condonación de multas para empresas con empleados no registrados, una extensión del período de prueba y una mayor flexibilidad en la relación laboral para empresas con hasta cinco empleados. Además, se estableció la regularización de relaciones laborales no registradas con la condonación de deudas y la implementación de un fondo de cese laboral en lugar de indemnizaciones tradicionales. También se añadió la opción de ampliar los períodos de prueba y contratar "trabajadores independientes" sin otorgarles derechos laborales.
Impuestos para trabajadores:
Hace aproximadamente 6 meses, en pleno debate por la exención de ganancias para los trabajadores, Milei votó a favor de la eliminación del impuesto argumentando que el estado es una entidad criminal y violenta que se sostiene mediante una fuente coercitiva de ingresos denominada impuestos. Durante el debate, expresó que el impuesto a las ganancias es particularmente aberrante y debe ser abolido por completo.
Sin embargo, hoy, tras una devaluación del 118% y un aumento acumulado del 161,83% en la inflación entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, su gobierno ha obtenido la aprobación inicial para reintroducir este impuesto como parte de un conjunto de medidas fiscales. A partir de la sanción de la ley, los trabajadores con sueldo bruto de más de $1.800.000 deberán pagar este impuesto.
Respecto al monotributo, se definieron aumentos en las cuotas del más del 300%. Además, se ha eliminado el monotributo social, dejando a más de un millón de personas en una situación de informalidad total, sin los ingresos suficientes para afrontar el pago de otra categoría.
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